La agresión física a una enfermera en un turno de guardia en el centro de salud de Tacoronte durante la Nochevieja de 2023 irá a juicio el próximo mes de mayo, casi dos años y medio después, ha avanzado este martes el sindicato Satse.
La organización lamenta en una nota la “lentitud” del sistema judicial que refuerza la “sensación de indefensión” que denuncian muchos profesionales sanitarios dado que los hechos se denunciaron cuando se produjeron.
Así, detalla que tras más de siete meses de baja laboral por la gravedad de la lesión, la enfermera se volvió a incorporar a su puesto de trabajo, pero las secuelas físicas y psicológicas siguen patentes en su día a día, necesitando rehabilitación y seguimiento por parte del servicio de Traumatología.
Además, ha tenido que continuar ejerciendo su profesión en un entorno de presión asistencial mientras arrastra las consecuencias de este suceso, “enfrentándose además a un proceso judicial largo y desgastante”.
Para Satse, este caso también representa una “doble vulnerabilidad”, la de quien ha sufrido una agresión en su puesto de trabajo y que, tras denunciarlo, “se enfrenta a un proceso lento que no siempre garantiza una respuesta ágil ni reparadora”.
Por ello, recuerda que en los últimos años se han producido varias agresiones al personal del centro de salud de Tacoronte y ha vuelto a reclamar soluciones reales para garantizar la seguridad de los profesionales
Además, el sindicato apunta que lleva “mucho tiempo” pidiendo al Servicio Canario de Salud que se refuerce la plantilla de este centro, ya que está sometido a una alta presión asistencial por falta de personal.
De hecho, Satse ya denunció que, en el servicio de Urgencias del centro de salud de Tacoronte, solo hay una enfermera y un médico que se ven “desbordados” por las diferentes situaciones que se pueden presentar durante las guardias.
En el caso concreto de las Urgencias de Tacoronte, comenta que funciona como Punto de Atención Continuada (PAC), un servicio que está diseñado para atender urgencias leves o moderadas fuera del horario habitual del centro de salud, pero que, en la práctica, “funciona como un servicio normal de Urgencias al que acuden los pacientes ante cualquier situación de emergencia”.
Así, este centro solo cuenta con una enfermera y un médico de refuerzo durante los fines de semana y el personal de seguridad solo se encuentra en el centro hasta las 20 horas de lunes a viernes y los fines de semana.
Satse denuncia que es el propio personal sanitario el que abre la puerta y atiende a los pacientes, sin que haya ninguna protección ante cualquier tipo de episodio violento que se pudiera producir.
SITUACIÓN “PREOCUPANTE”
Los datos, a juicio del sindicato, reflejan una situación “preocupante” ya que la violencia contra quienes cuidan de la salud pública “no solo aumenta, sino que corre el riesgo de normalizarse”.
“Esta realidad genera miedo, estrés y desmotivación entre los profesionales y plantea un serio problema estructural para el sistema sanitario”, remarca.
Las cifras que maneja el Sindicato de Enfermería, facilitados por el propio SCS, sobre las agresiones al personal sanitario en Canarias han experimentado un incremento “sostenido y alarmante” en los últimos años.
De esta forma, en el conjunto del sistema sanitario público se registraron 664 agresiones en 2025 frente a 544 en 2024, consolidando una tendencia ascendente continuada.
Solo en 2025, se contabilizaron 68 agresiones físicas, 524 verbales y 72 mixtas, lo que confirma que la violencia física –como la sufrida por esta enfermera– sigue siendo una realidad frecuente en los hospitales y centros de salud.
Además, Satse advierte de que estas cifras “representan únicamente la parte visible del problema”, ya que muchas agresiones no se denuncian debido a la complejidad de los procedimientos, la falta de confianza en el sistema y el desgaste emocional.
El denominado Plan de Prevención de las Agresiones del Servicio Canario de Salud establece medidas de protección, protocolos de actuación y apoyo jurídico, sin embargo, subraya el sindicato, el incremento constante de casos y la experiencia de esta profesional ponen en duda su eficacia real.
Los datos reflejan una situación preocupante: la violencia contra quienes cuidan de la salud de la ciudadanía no solo aumenta, sino que corre el riesgo de normalizarse. Esta realidad genera miedo, estrés y desmotivación entre los profesionales, y plantea un serio problema estructural para el sistema sanitario.
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