El intrusismo en el sector de la salud vuelve a encender las alarmas en el Archipiélago. El Juzgado de lo Penal número 1 de Santa Cruz de Tenerife ha dictado una sentencia condenatoria contra una falsa podóloga en Tenerife que ejercía de manera completamente ilegal. La acusada operaba de cara al público en diferentes farmacias de la isla sin disponer de la titulación universitaria oficial requerida ni estar dada de alta en el Colegio Profesional correspondiente, poniendo en riesgo la integridad física de los usuarios.
La resolución judicial considera probado que la mujer realizaba de forma habitual diagnósticos de patologías del pie, mediciones del arco plantar y prescripción de tratamientos ortoprotésicos. Lo más preocupante para las autoridades sanitarias es que la implicada manipulaba instrumental quirúrgico de alta precisión como bisturís, instrumental cortante, punzante y micromotores para tratar afecciones complejas como uñas encarnadas, una práctica reservada en exclusiva para profesionales titulados.
El ‘modus operandi’ de la falsa podóloga en Tenerife
La actividad fraudulenta no era un hecho aislado. Según consta en las investigaciones judiciales, la mujer pasaba consulta de manera regular en habitáculos habilitados dentro de varias farmacias de Tenerife. En estos espacios captaba a los clientes, realizaba las exploraciones biomegánicas y emitía posteriormente facturas y justificantes médicos impresos donde figuraba explícitamente el concepto de “consulta de podología”, otorgando una apariencia de total legalidad a un servicio que carecía de garantías sanitarias.
A pesar de la gravedad de los hechos, la implicada era plenamente consciente de la ilegalidad de sus acciones. El Colegio Oficial de Podólogos de Canarias ya había enviado diversos requerimientos de cese de actividad y apercibimientos formales desde el año 2018. La acusada hizo caso omiso a estas advertencias institucionales y continuó ofreciendo sus servicios de salud general de manera clandestina hasta que el caso se judicializó definitivamente.
El origen de la querella criminal en Canarias
El proceso judicial que ha terminado con esta condena se inició en noviembre del año 2021. En esa fecha, el órgano colegiado de los podólogos canarios formalizó una querella criminal tras recabar un exhaustivo dossier de pruebas documentales, seguimientos de campo, grabaciones de las consultas y testimonios directos de pacientes afectados que ignoraban que estaban siendo atendidos por personal no cualificado.
La magistrada encargada del caso ha impuesto a la acusada una pena de 20 meses de multa con una cuota diaria fijada en 6 euros por un delito penal de intrusismo profesional. Aunque la resolución judicial todavía no es firme y puede ser recurrida por la defensa de la procesada, sienta un precedente contundente en la lucha contra el fraude médico en la provincia tinerfeña.
Un riesgo severo para la salud pública institucional
Desde el Colegio Oficial de Podólogos de Canarias han valorado de forma muy positiva el fallo emitido por el Juzgado de lo Penal, señalando que este tipo de dictámenes judiciales son indispensables para blindar la seguridad de los pacientes canarios. La podología está tipificada por ley como una profesión sanitaria regulada de manera estricta, lo que obliga a poseer un grado universitario concreto y un número de colegiado activo para poder tocar los pies de cualquier usuario.
El intrusismo en el cuidado de las extremidades inferiores no constituye un mero problema administrativo, sino una amenaza real para la salud pública. La realización de procedimientos invasivos en áreas sensibles del pie mediante el uso de instrumental quirúrgico sin la esterilización adecuada o los conocimientos anatómicos necesarios puede derivar en infecciones severas, amputaciones parciales o lesiones nerviosas irreversibles, especialmente en pacientes crónicos o con patologías de base como la diabetes. Las autoridades recomiendan exigir siempre el número de colegiado antes de comenzar cualquier tratamiento.
