La Guardia Civil ha desarticulado una presunta organización criminal dedicada a estafar a empresarios y autónomos mediante falsas operaciones de financiación. La operación, denominada Nikart, se ha saldado con tres detenidos en Valencia y Santa Cruz de Tenerife. Uno de las investigados utilizaba la identidad de un fallecido para ocultarse.
Los arrestados son un hombre y dos mujeres de entre 46 y 66 años. Según ha informado la Guardia Civil este jueves, 12 de noviembre, el grupo ofrecía operaciones de rescate financiero de hasta 25 millones de euros, pero exigía pagos anticipados que las víctimas no recuperaban.
La investigación comenzó en julio de 2026, después de que una empresa de La Rioja denunciara haber realizado varios desembolsos para acceder a una supuesta financiación que nunca llegó a recibir.
Así funcionaba la estafa del falso inversor
Los investigadores descubrieron que detrás de las operaciones se encontraba una falsa entidad financiera creada para captar clientes y aparentar legalidad.
El principal sospechoso utilizaba una modalidad de fraude conocida como Rip Deal, también denominada estafa del falso inversor. Su objetivo era captar a empresarios, autónomos, clubes de fútbol y personas con dificultades económicas que necesitaran financiación urgente para mantener sus actividades.
La organización ofrecía operaciones a partir de un millón de euros, con condiciones aparentemente ventajosas. Sin embargo, antes de formalizarlas, exigía anticipos y otros pagos.
Para convencer a sus víctimas, los investigados organizaban reuniones en hoteles de lujo, utilizaban vehículos de alta gama y exhibían grandes cantidades de dinero en efectivo.
El principal responsable llegaba a asegurar que disponía de más de 25 millones de euros para invertir, según la investigación.
Una mujer captaba a las víctimas desde Tenerife
La Guardia Civil ha identificado el papel que presuntamente desempeñaba cada uno de los tres integrantes de la organización.
La investigada residente en Santa Cruz de Tenerife se encargaba de localizar posibles víctimas a través de internet y las redes sociales. También recopilaba documentación, preparaba las operaciones para darles apariencia de legalidad y actuaba como intermediaria con el principal responsable.
Este último mantenía las reuniones presenciales y se presentaba como propietario de la supuesta financiera.
La tercera detenida, pareja del principal investigado, facilitaba cuentas bancarias y otros recursos para recibir y desviar el dinero obtenido.
Utilizaba la identidad de un fallecido
Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue la estrategia del principal sospechoso para evitar su localización. Según la Guardia Civil, llevaba años utilizando identidades falsas, incluida la de una persona fallecida, para ocultar su patrimonio y dificultar las investigaciones policiales.
No había renovado su DNI ni su permiso de conducir desde 2016. Tampoco figuraba como titular de cuentas bancarias y apenas mantenía servicios contratados a su nombre.
Además, recurría a sociedades interpuestas y personas de su entorno para ocultar sus bienes. También facilitaba ubicaciones falsas en el extranjero.
Sobre él pesaban tres señalamientos de búsqueda, detención y personación, relacionados con delitos contra el patrimonio y procedimientos con métodos similares.
Evitan nuevas estafas millonarias
Tras reunir los indicios, los agentes practicaron registros domiciliarios y detuvieron a los tres investigados. Durante las actuaciones intervinieron ordenadores, teléfonos móviles, tabletas, discos duros, memorias USB, dinero en efectivo y documentación que será analizada.
La investigación también permitió descubrir que varias empresas mantenían negociaciones avanzadas con la organización. La intervención policial evitó que realizaran los pagos exigidos y sufrieran pérdidas que podrían haber alcanzado varios millones de euros, según la Guardia Civil.
A los detenidos se les atribuyen, en distintos grados de participación, presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, estafa agravada, blanqueo de capitales y usurpación de estado civil. Al principal investigado también se le atribuye un delito contra la seguridad vial por conducir sin permiso.
La operación ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de La Rioja, con la colaboración de las comandancias de Valencia y Santa Cruz de Tenerife y otras unidades especializadas de la Guardia Civil.
