Veinte años después de la firma del expediente administrativo que adjudicó de forma directa, al estudio de arquitectos Cuende y Gutiérrez, la redacción del proyecto para construir un centro dedicado a la atención de personas con discapacidad en Buenavista del Norte, y tras algo más de una década desde que Sí Se Puede (SSP) presentara una denuncia por presunta prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos contra el entonces alcalde socialista Aurelio Abreu y el secretario-interventor municipal Francisco Javier Bardón, el caso se juzgó y quedó visto para sentencia ayer. En la vista, celebrada en la Audiencia Provincial de SantaCruz de Tenerife, el fiscal rebajó de ocho a cuatro años su petición de inhabilitación para los acusados por «dilaciones indebidas muy cualificadas».
