El Tribunal Supremo cierra la vía judicial ordinaria para el presidente de una comunidad de propietarios de Santa Cruz de Tenerife, condenado por apropiación indebida agravada y falsedad en documentos mercantiles tras una sentencia de la Audiencia Provincial tinerfeña, que le impuso una pena de cuatro años y seis meses de prisión, una multa y una indemnización a los comuneros defraudados de más de 88.000 euros.
