La lucha contra el tráfico de droga dentro del Centro Penitenciario Tenerife II ha dado un paso decisivo. En una operación coordinada entre la Guardia Civil y los funcionarios de Instituciones Penitenciarias, se ha logrado interceptar a un total de 15 internos que trataban de introducir sustancias estupefacientes en el recinto carcelario utilizando el arriesgado método conocido como body packing.
Esta técnica, que consiste en ocultar la droga en cavidades corporales, representa un gravísimo peligro para la salud de los reclusos. La rotura de uno de estos envoltorios en el interior del organismo podría derivar en una intoxicación aguda o incluso la muerte instantánea, dependiendo de la sustancia y la cantidad transportada.
Radiografías en Tenerife II para detectar cuerpos extraños
La vigilancia se extrema especialmente cuando los internos regresan de un permiso carcelario o de una visita “vis a vis”. Según informan las autoridades, ante cualquier sospecha fundada, el protocolo se activa de inmediato: el recluso es apartado para una exploración inicial con perros antidrogas y un cacheo corporal exhaustivo.
En los casos donde persiste la duda y no existe cooperación por parte del recluso, los agentes proceden a su traslado a un centro médico. Allí, mediante el uso de rayos X, se confirma la presencia de objetos extraños en el cuerpo.
Este método científico ha permitido desarticular intentos de introducción de heroína, cocaína, hachís, crack y pastillas anabolizantes.
Alijos significativos en el cuerpo
Entre las intervenciones más destacadas desde el inicio del pasado año hasta la actualidad, las autoridades subrayan dos casos de especial relevancia:
- 100 gramos de crack: Hallados en el cuerpo de un interno, distribuidos en múltiples envoltorios.
- Operación reciente (febrero): Se interceptaron más de 90 gramos de hachís y 97 pastillas de anabolizantes ocultos en un solo recluso.
Consecuencias penales y agravantes
Las diligencias ya han sido remitidas al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. Cabe recordar que, según el artículo 368 del Código Penal, los actos que favorezcan el consumo ilegal de drogas tóxicas conllevan penas de prisión de tres a seis años cuando la sustancia causa un daño grave a la salud.
Además, la jurisprudencia del Tribunal Supremo advierte que la pena puede agravarse significativamente si se demuestra que la droga estaba destinada a la venta dentro del centro penitenciario o si se acredita la participación de las visitas en la comisión del delito.
